Mediante el testimonio concreto de que las banderas de los valores éticos, republicanos y de justicia social son consignas tangibles de practicar, desde el ARI primero y desde la Coalición Cívica después, instamos hace años a la discusión de la propuesta de Carrió, Carca y Lo Vuolo, sobre un ingreso universal a la niñez –INCINI- consistente en otorgar una suma dineraria a la totalidad de los niños menores de 18 años con la sola contraprestación, por parte de los padres, de mantenerlos en el sistema escolar y sanitario. El mismo, dadas las reformas fiscales y tributarias proyectadas, constituiría un evolución cualitativa en pos de comenzar con una justa distribución de la riqueza, posibilitando un estrato de equidad, en el reconocimiento concreto de las garantías constitucionales que establecen la igualdad de todos los seres, incluso antes de la gestación, en correspondencia constitucional y de los Pactos Internacionales, que reconocen iguales Derechos desde esa instancia.
El proyecto FINCINI (Fondo para el Ingreso Ciudadano para la Niñez) fue presentado hace más de 12 años en el Parlamento Nacional por Elisa Carrió y Elisa Carca, con el objetivo de “atender al financiamiento del Ingreso Ciudadano a la Niñez, la atención prenatal y de las personas con discapacidad, al beneficio por maternidad y a los beneficios por nacimiento y adopción”. Tal iniciativa se establece como punto de partida, y no como punto de llegada, para comenzar a sanear la pobreza. Al incluir la obligatoriedad de exámenes médicos durante el embarazo, el control de salubridad permanente del niño y la imposición de la escolarización, comienza a regenerar los lazos sociales y familiares. El niño debe volver a comer con su familia desde una mesa bien servida, el tejido social solo puede ser restaurado desde las fuentes de la familia, hoy profundamente herida por responsabilidad de las condiciones económicas, políticas e institucionales.
De la misma forma que debemos reconocer el paso que ha dado el gobierno en darle prioridad al tema de la pobreza en la agenda pública, que era el tema principal de la agenda opositora, es nuestro deber señalar los defectos de la propuesta y advertir de sus malas consecuencias, con la autoridad moral de haber sido, por muchos años, prácticamente la única voz, cuando casi ninguna otra voz, incluyendo al actual gobierno y a otros sectores de la oposición, se preocupaban por la pauperización social creciente. Los mismos oportunistas que hoy pretenden erigirse como originales mentores de la iniciativa, fueron los que hasta hace poco tiempo elucubraban frases en contra de esta, los propios que hoy la sancionan, pero con la condición de la “universalidad focalizada”; término paradójico que no denota una disensión conceptual, sino un claro designio deliberado: sofisticar y ampliar el negocio clientelístico para atesorar el poder con el voto cautivo de los excluidos y someter una vez más, en aras de la desesperación electoralista.
Arbitrariedad republicana, discrecionalidad focalizada y manotazo siniestro a las cajas jubilatorias.
Mediante el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) (1), se acaba de incorporar al Régimen de Asignaciones Familiares, –textualmente- “el subsistema no contributivo de Asignación Universal por Hijo para Protección Social”. Tendenciosa y falaz es la utilización del término universal – que quiere decir para
todos– cuando al mismo tiempo, el Decreto sentencia que será “destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que no tengan otra asignación familiar prevista -por la Ley de asignaciones familiares- y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal", generando así, criterios discriminativos que van en contra de la noción de universalidad que, además, estigmatizan a aquella porción de la población víctima de las malas políticas.
Arbitrariedad republicana, cuando se sentencia por Decreto y sin debate parlamentario. Discrecionalidad focalizada, cuando al pleno antojo se regula la capacidad de decidir a quién se le otorga o no un derecho, y no una dádiva. Y manotazo siniestro a las cajas jubilatorias, cuando, al arbitrio de una práctica fascista por excelencia, se deciden utilizar los fondos bien ganados de todos los trabajadores de ayer y hoy, y de todos los jubilados de hoy y mañana.
Sancionar nuestro proyecto de “ingreso Ciudadano Universal a la Niñez” tendría un costo anual de $ 30.814 millones, de los cuales $8.728 millones se financiarían a través de las contribuciones de los empleadores y $ 16.210 millones por reasignación de partidas de otros programas focalizados, de allí restarían $5.876 millones por financiar. Si se tiene en cuenta la reforma fiscal, que también prevé el proyecto, que implica la eliminación de las exenciones del impuesto a las ganancias, las deducciones por cargos de familia, y la unificación de los mínimos no imponibles, casi llegamos a la cifra necesaria para otorgar $200 mensuales a todos los niños del país(2); sin intermediación burocrática que involucre grandes gastos administrativos, sin el peligro latente del asistencialismo, y universalizando el derecho pero focalizando la carga impositiva en aquellos que más ganan.
Ahora bien, si grabar la renta financiera, hoy exenta de todo tributo, contribuiría con una cantidad de recursos considerable a la fuente de financiación, nada de lo antes mencionado haría falta de establecerse retenciones a las exportaciones mineras, que hoy por hoy superan, en volumen de divisas, las exportaciones del agro (3). Tampoco se nos ocurre mencionar exportaciones a la pesca, al petróleo, etc. ¿quién estaría demandado semejante acto de decisión política para aquellos que persisten agazapados bajo el título de “Gobierno Nacional y Popular” aunque solo ejecuten en función de intereses corporativos particularísimos?, si cuando nosotros seamos gobierno, no solo habrá INCINI, sino también auténtica y firme decisión para sacar a nuestros hermanos pobres de la pobreza. La falta de recursos genuinos no puede estar más viciada de falacia, el vaciamiento de las cajas jubilatorias no puede ser admitido.
Los $ 100 mil millones transferidos de las AFJP a la ANSES, se han utilizado para pago de deuda pública a través de canjes de bonos, préstamos unilaterales al Tesoro Nacional, para salvataje a empresas privadas y para el “mega plan” de obras públicas (4); plan del cual se beneficio ampliamente a los intendentes adictos al gobierno, entre ellos al de nuestro municipio. Todo ello, en el contexto de la contundente evidencia del número crudo: 3 de cada 4 jubilados cobran por debajo de línea de la canasta básica de alimentos el haber mínimo que no llega a $830 mensuales (5).
Asimismo, 15 mil millones de pesos anuales, que antes iban a las arcas de las AFJP, ahora los maneja la ANSES (6). De destinarse esta suma a aumentar jubilaciones, implicarían un aumento del 20 % de las mismas (7). De abolir toda forma de concentración maliciosa, habría dinero suficiente para otorgar el tan suplicado 82% móvil para los jubilados, ya con fallo de la Corte Suprema de Justicia que intimó al Ejecutivo a conferirlo.
Seis Años de la misma distribución maliciosa del ingreso:
Humillada de intereses sin contemplaciones éticas, la Argentina actual, presa de adjetivaciones “escandalosas” pero reales desde el exterior, alberga entre sus potencialmente ricos límites geográficos, a 13 millones de pobres, de los cuales 7 millones son menores, y de estos, 3 millones indigentes (8).
Inaceptable en el país que produce alimentos para abastecer cuatro veces a su población; ser pobre, técnicamente o para las estadísticas, implica vivir con doce pesos diarios para comer, pagar impuestos, viajar, vestirse y comprar medicamentos; si esto es difícil de concebir, es preciso saber que ser indigente implica vivir con menos de esa cifra (9).
Todo ello en el contexto de la ineficiente línea aérea comprada al Grupo “Marsans”, Aerolíneas Argentinas, que convive con un déficit diario de $6.863.000. Tal suma, si el gobierno hubiera particionado $200 a cada uno de esos menores, se habría atemperado desde hace rato, el hambre de 1.050.000 chicos, de uno a catorce años, caídos en la indigencia (10), De todos modos, consecuente con su obrar, la administración kirchnerista acaba de escribir en el proyecto de Presupuesto 2010, la “autorización INDETERMINADA” a cubrir sus déficits operativos (11).
De la misma forma, el país conducido por el “gobierno nacional y popular por antonomasia”, multiplicó por diez veces, de 2005 a la fecha, los subsidios destinados a financiar al capital privado. Entre regimenes promocionales, subsidios y préstamos, el Estado transfirió al sector empresarial, y sobre todo al más concentrado, la suma de $41.212,3 millones de pesos (12). Mientras tanto, la brecha de ingresos entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre de la población, es hoy de 28 veces a 1, más desigual que antes de la recuperación democrática (militares) y más desigual que buena parte de los 90 (Menem) (13). No obstante, más del 36 % de los trabajadores -4.3 millones-, están en negro (14), la gran mayoría de ellos sin posibilidad de emplearse en el corto plazo. Mientras el mismo “modelo progresista” redistribuye sobras entre los pobres, y el neto lo aglutina sobre idénticos sectores que en otros tiempos también beneficiaron, pero con el modelo neoliberal que nos colocaba en el “primer mundo”.
Directriz hacia decisiones políticas de tal envergadura, demostrada en estas cifras, no puede dejar de estar atada a una política fundada en la tan retóricamente menospreciada teoría del derrame, por no decir fundada en el capitalismo de amigos, consistente en el apetito desmedido de llenar sus arcas personales en dineros que descansan cómodamente en el exterior. Dicho empeño discursivo insiste, desde hace seis años en el actual gobierno y desde hace décadas en el sistema de la clase gobernante, en tomar por izquierda, por derecha o por el centro, lo que despojan por la mano sobrante en detrimento del pueblo herido de injusticia.
Una voz diáfana en el medio del ruido:
Sin perjuicio de quienes entonan el latoso discurso y entintan con su pluma editoriales, desde hace años persiguiendo desvirtuar la coherencia de esta oposición real, somos al mismo tiempo, con Elisa Carrió como líder indiscutida, una voz que ya se empieza a distinguir diáfana para aquellos que, aunque desconozcan, son presas del más crudo negocio de la Argentina corrompida: los pobres.
Debería el gobierno comenzar a delinear políticas realmente distributivas, incentivando la producción y el pleno empleo y no la institucionalización de la informalidad. De haberse sancionado el INCINI cuando se presentó en el año 1997, se habrían llegado a evitar, o por lo menos a mitigar, los efectos del paco, las condiciones que llevan a la desnutrición, la delincuencia y el uso degradante del clientelismo, de las que fue víctima toda una generación y de la que es víctima exponenciada la descendencia actual. En ese momento el 20% de los niños eran pobres, hoy llegan casi al 50% (15). Asimismo, al lado de esos guarismos de niños, están las cifras de los jubilados. No podemos permitir que sigan en creciente aumento esos números, el aumento de cada dígito representa vidas concretas a las cuales se les vulneran los derechos esenciales.
Por último, luego que se haya escuchado en lo primordial la agenda en la que insistíamos, vamos decididamente por adecuar la condiciones para facilitar la igualdad de los puntos de partida de todos, sin excepción; y por perseguir con herramientas concretas la condición fundamental del acceso pleno de todas las personas a la Educación, a la Salud, y a la alimentación adecuada; para vivir, algún día, en un país donde la justicia y la igualdad estén garantizadas por las instituciones de nuestra tan entrañablemente ansiada República de Iguales.-
EN SÍNTESIS:
• El Proyecto de Ley FINCINI (Fondo de ingreso Universal a la niñez) es una iniciativa del año 1997 de las entonces Diputadas Elisa Carrió y Elisa Carca.
• El INCINI –Ingreso Ciudadano para la niñez- consistiría en un ingreso mensual por hijo, menor de 18 años, de $200 ajustables por la canasta básica alimentaria y el salario mínimo vital y móvil, que será cobrado y administrado por las madres que deberá cumplir como contraprestación, que los hijos asistan a la escuela y que los someta a controles médicos periódicos. Durante la transición hasta la total implementación del beneficio, no se daría de baja ningún programa social. A su vez, la responsabilidad incondicional estatal, es reforzar y complementar el Seguro Social, con los rendimientos de otras políticas públicas. Por otro lado, el INCINI sería una primera medida hasta alcanzar que el Derecho se extienda a toda la población.
• Dadas las reformas fiscales y tributarias que prevé, generaría una auténtica distribución, pisos de igualdad y un aumento de la libertad de los individuos, consecuente con la promoción y protección de las garantías individuales constitucionales.
• Al momento de la presentación de la iniciativa, la cantidad de pobres llegaban al 20%, hoy llegan al 50%.
• Nuestro proyecto de “ingreso Ciudadano Universal a la Niñez” tendría un costo anual neto de $ 30.814 millones, de establecerse retenciones a las exportaciones de la minería metalífera, al petróleo y a la pesca, habría recursos más que suficientes para financiar tal programa.
• Grabar la renta financiera y eliminar las exenciones del impuesto a las ganancias, sería otro paso de consideraciones para generar una justicia social en serio.
• Asimismo, celebramos la decisión del Ejecutivo en tomar conocimiento de la pobreza estructural que azota al país, y haber escuchado la agenda propuesta por la oposición durante años, sancionado un Decreto de asignación por hijo. No obstante, advertimos el peligro latente del manejo clientelar y su subvención con fondos de los trabajadores y jubilados.
• Utilizar los recursos de la ANSeS para destinarlo a los sectores más concentrados de la economía, da una pauta bien clara de cuál es la prioridad oficialista. Con el dinero que hoy maneja esta entidad, se podría aumentar las magras jubilaciones mínimas en un 20%.
• La brecha de ingresos entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre de la población, es hoy de 28 veces a 1, más desigual que antes de la recuperación democrática (militares) y más desigual que buena parte de los 90 (Menem).
